Pulmarí salió a marcar la cancha: ni seña, ni contrato, ni un peso por lotes que no se pueden vender

• Verificar la situación del inmueble por los canales oficiales de la Corporación Interestadual Pulmarí antes de avanzar con cualquier pago o firma.
• Comprobar que exista un permiso de uso emitido por la CIP y no por un tercero, vecino o referente barrial.
• No entregar dinero bajo ninguna modalidad: ni seña, ni reserva, ni anticipo en efectivo o transferencia.
• Desconfiar de ofertas recibidas por redes sociales, grupos de WhatsApp o publicaciones sin respaldo institucional.
• Consultar al teléfono oficial 02942-496243 ante cualquier duda sobre la legitimidad de una operación.

Las autoridades remarcaron que quienes paguen por esos terrenos pueden perder lo abonado y, aun así, no adquirir la propiedad. El perjuicio es doble y se concreta sin necesidad de un proceso judicial largo: alcanza con que la operación no tenga el aval del ente. La CIP aclaró que seguirá adelante con actuaciones administrativas y acciones legales para resguardar el patrimonio y evitar que nuevos compradores caigan en la trampa.

El comunicado apunta especialmente a vecinos, turistas e inversores, tres públicos a los que las publicaciones fraudulentas suelen tentar con frases como oportunidad única o precio de remate. La recomendación es elemental: si el terreno está en jurisdicción Pulmarí, la única palabra válida es la de la Corporación. Todo lo demás, es cartón pintado.

Una advertencia que vuelve a abrir el debate

No es la primera vez que la CIP debe salir a marcar la cancha frente a intentos de venta irregular. La reiteración del aviso pone en evidencia dos cosas: que las estafas sobre tierras públicas siguen siendo un negocio tentador para algunos vivos, y que el Estado llega tarde cuando tiene que controlar la oferta. Entre un folleto impreso en una remisera y un llamado a la sede del organismo, gana siempre el que firma primero, y rara vez lo hace quien cumple la ley.

La pregunta que queda flotando es de manual: ¿quién autorizó esas publicaciones?, ¿cuántas se difundieron?, ¿se identificó a los ofertantes y se les inició causa penal? La respuesta a esos interrogantes dirá si la advertencia de la CIP termina en un comunicado periodístico o en una causa judicial con acusados concretos. Mientras tanto, el mensaje al vecino es uno solo: ni un peso por un terreno que no se puede comprar.