Quince penitenciarios detenidos por torturas y abusos sexuales en el penal de Magdalena
La Policía Federal ejecutó un operativo ordenado por el fiscal Álvaro Garganta y arrestó a 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense imputados por torturas y abusos sexuales contra cuatro detenidas en la Unidad N°51 de Magdalena. Entre los aprehendidos figura la jefa del penal, Daiana Belén Balmaceda, señalada como la principal responsable de los hechos ocurridos en la noche del 3 de junio. La causa fue impulsada tras una denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria.
El operativo se concretó en la mañana del martes con un documento de 146 páginas firmado por el fiscal Álvaro Garganta como fundamento del pedido de arresto. Al momento del cierre del procedimiento, doce de los quince requeridos ya habían sido aprehendidos; los tres restantes seguían siendo buscados.
La principal imputada es Daiana Belén Balmaceda, de 31 años, jefa del penal. Los testimonios de las víctimas, que el fiscal consideró creíbles por su coincidencia, la ubican al frente del operativo de represión. "Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras", se la escuchó decir, según consta en la causa. Otra detenida declaró haberla oído ordenar: "Las quiero a todas ataditas."
Los hechos se desencadenaron la noche del 3 de junio a partir de una pelea en la celda número 3 de la unidad. Lo que siguió quedó documentado en la denuncia presentada por la Comisión Provincial de la Memoria: detenidas sometidas a golpes, vejaciones y abusos sexuales por parte de agentes masculinos y femeninos del penal.
Entre las imputadas figuran también la subjefa del establecimiento, la encargada de requisa y personal del área de Sanidad. Una enfermera enfrenta el cargo adicional de haber falsificado un acta para ocultar las lesiones de una de las víctimas. Varios agentes masculinos participaron con el rostro cubierto.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Garganta con colaboración del propio Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia provincial. La prueba central fueron las declaraciones de las cuatro damnificadas, cuyas versiones resultaron consistentes entre sí.
La causa expone condiciones dentro de la unidad que los testimonios describen como sistemáticas. ¿Qué controles institucionales deberían existir para prevenir este tipo de situaciones en establecimientos penitenciarios?
