Salud mental bajo presión: la demanda se disparó en 14 provincias y el sistema público apenas se expande al ritmo de la crisis
Un relevamiento federal con más del 70% de la población advierte sobre el crecimiento sostenido de las internaciones y las consultas ambulatorias, y expone las limitaciones estructurales que las propias autoridades sanitarias reconocen como prioritarias para los próximos meses.
Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en la Argentina, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses, según un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias.
Las jurisdicciones relevadas —Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— representan en conjunto más del 70% de la población del país. También participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río Negro, que se sumaron a la discusión aunque no integran el núcleo principal del relevamiento.
La demanda se concentra en niños, adolescentes y quienes perdieron cobertura privada
El informe registra mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, un indicador que describe la magnitud del problema en el principal distrito del país.
La oferta creció, pero no alcanza
Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales. Trece de las catorce provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos. Aun así, las autoridades provinciales señalaron que esas capacidades están «sobreexigidas» frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades para completar equipos con disciplinas críticas.
- Aumentar la inversión específica en salud mental.
- Ampliar la infraestructura y los recursos humanos.
- Garantizar el acceso a medicamentos.
- Producir información epidemiológica nacional de calidad.
- Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.
El informe fue presentado en el Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta «elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos», un señalamiento que vuelve a poner en el centro de la discusión el desajuste entre el crecimiento de la demanda y la capacidad efectiva del Estado para responderla.
