Procesan al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

A las 11.30 de la mañana de este viernes, la Justicia federal dio a conocer la resolución que coloca al exagente de la SIDE Raúl Martins en el centro de una nueva etapa judicial. La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, procesó al hombre de 77 años con prisión preventiva como presunto autor del delito de lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el ingreso al circuito económico legal de dinero que habríaproveniente de la explotación sexual de mujeres. En la misma decisión, según fuentes policiales, se ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

La medida fue adoptada después de que Martins fuera extraditado desde México, donde había sido detenido en Cancún en 2019. Su llegada al país se concretó hace pocas semanas y permitió a la magistrada avanzar en el trámite del expediente, que según la fiscalía se sostiene con pruebas documentales, testimonios y el entrecruzamiento de operaciones inmobiliarias y societarias.

El descargo de la defensa

Durante la audiencia de indagatoria, Martins optó por no responder preguntas, según la fiscalía. En su lugar, presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento y, de manera subsidiaria, la falta de mérito. Uno de los puntos centrales de su planteo fue la cronología de las operaciones que se le atribuyen. Su defensa sostuvo que las 26 maniobras investigadas, vinculadas con la compra de propiedades y la administración de sociedades, se remontan a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, antes del período que la propia Justicia tuvo por acreditado para el delito de explotación sexual.

• Para Martins, esas operaciones son anteriores al período firme del delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Considera que el único antecedente válido se reduce al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
• Asegura que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos quedaron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La respuesta de Servini

La jueza Servini rechazó esos argumentos y firmó el procesamiento. En su resolución explicó que la fecha de constitución de una sociedad no descarta su uso posterior para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que resultaba improcedente sostener que las maniobras quedaban fuera del período investigado. Además, según la fiscalía, la magistrada valoró el conjunto integrado por sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la participación de familiares, y concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final.

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. A partir de ese dato, según fuentes policiales, se desplegó una investigación que incluyó allanamientos, relevamientos patrimoniales y el análisis de las sociedades señaladas en la causa.

El camino que viene

Con el procesamiento firme y la prisión preventiva dictada, el expediente quedó a un paso del inicio del juicio oral. La defensa de Martins puede recurrir la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones y, eventualmente, insistir con el sobreseimiento o la falta de mérito. Mientras tanto, el embargo por 300 millones de pesos busca asegurar el eventual decomiso de bienes en caso de una condena, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa judicial el patrimonio del exespía y sus vínculos con el negocio del sexo comercial en la ciudad de Buenos Aires.