Pandanés frena su cierre total: la Justicia abrió un salvataje para tentar a acreedores y cooperativas

La crisis de la cadena de panaderías Pandanés, que cerró sus 25 sucursales y desvinculó a 150 trabajadores en el área metropolitana, ingresó en una instancia decisiva luego de que el Juzgado Comercial N.º 15 rechazara el pedido de quiebra y ordenara la apertura de un procedimiento de salvataje bajo los términos del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. La decisión, adoptada por el juez Pablo Frick, abre una ventana de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajadores o eventuales inversores puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales de la firma.

Una caída del consumo que la empresa no pudo absorber

En la presentación judicial, Pandanés describió un cuadro terminal que se fue gestando durante los últimos dos años. La compañía alegó una retracción del consumo superior al 50% respecto de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos fijos y variables y un evidente sobredimensionamiento de su planta industrial, de 1.778 metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 cuando el negocio crecía y estaba concebida para abastecer hasta 50 locales propios. Con las sucursales cerradas, la capacidad ociosa se volvió estructural y los compromisos por alquileres, energía y personal se mantuvieron sin alteraciones, configurando un drenaje permanente sobre la caja.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

La gerente de la firma añadió en el expediente que se intentó, sin resultados, renegociar contratos de alquiler, cambiar de proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco para regularizar la situación tributaria. La suba internacional del precio de los granos impactó de lleno sobre uno de los insumos centrales, la harina, mientras que la actualización de salarios por paritarias y el encarecimiento de los servicios terminaron de comprimir los márgenes en un sector de altísima sensibilidad al bolsillo del consumidor.

• 25 sucursales operaba la cadena en el área metropolitana antes del cierre definitivo.
• 150 empleados fueron desvinculados, en muchos casos mediante mensajes de WhatsApp, sin que aún se hayan entregado los telegramas de despido formales.
• 1.778 metros cuadrados tiene la planta industrial, dimensionada en su origen para 50 locales.
• 1.200 millones de pesos es el pasivo que la firma declaró al momento de presentar el concurso preventivo.
• 5 días hábiles dura el registro abierto por el Juzgado Comercial N.º 15 para recibir propuestas de salvataje.

El magistrado consideró que se encuentran acreditados los extremos legales que imponen agotar la vía del salvataje antes de declarar la quiebra, por lo que la continuidad operativa de la empresa queda ahora atada a las propuestas que se presenten en el expediente. En paralelo, la sindicatura relevó irregularidades adicionales: la firma no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, a la ART y otros conceptos laborales del personal, un frente que se sumará a la discusión judicial en las próximas semanas. Por estas horas, los ex trabajadores aguardan no solo la formalización de los despidos sino también poder retirar sus pertenencias de los locales clausurados, mientras la expectativa en el sector se concentra en qué camino tomará finalmente el expediente y, sobre todo, en la decisión que adoptará el productor de la panadería en el arranque de esta semana, cuando se conozca si algún acreedor o cooperativa concreta una oferta viable para intentar mantener viva a una de las marcas más reconocidas del rubro en la región metropolitana.