Devoto se vacía: trasladan al 60% de los internos a Marcos Paz bajo denuncias por pertenencias perdidas

A las seis de la mañana, las calles lindantes con la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Federal amanecieron valladas por un operativo de fuerzas federales que, desde el viernes de la semana pasada, trabaja en el traslado masivo de internos hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Según fuentes policiales, la maniobra se ejecuta en cápsulas conjuntas —microoperativos conformados por camionetas, colectivos y personal del Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad— que ya completaron 33 viajes y movilizaron a más de 1.050 detenidos.

La cifra representa cerca del 60% de la población que el establecimiento alojaba antes del operativo, estimada en torno a las 1.500 personas. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) con corte a diciembre de 2024, el 61,5% de los internos se encontraba procesado y el 38,5% condenado, con edades que iban de los 21 a los 70 años y un promedio de 35.

La logística oficial y los reclamos en el nuevo destino

El Servicio Penitenciario Federal informó que el dispositivo incluyó 3.000 bolsones precintados con efectos personales, monitoreo por GPS de los vehículos, triaje médico previo al embarque, identificación de cada interno mediante pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos en el complejo de destino y la apertura de un canal de consultas por WhatsApp para familiares.

Sin embargo, internos trasladados y sus defensores plantearon una queja sostenida: según fuentes policiales, al menos un sector de la población carcelaria —el pabellón AC1— organizó una huelga de hambre para reclamar la entrega de esas pertenencias, que no habían llegado a sus destinatarios ni siquiera 48 horas después del arribo. Los reclamos incluyeron falta de ropa, elementos de higiene y abrigo en el nuevo establecimiento. En el caso de los detenidos que estaban en el pabellón externo 50 bajo régimen semiabierto, esos beneficios quedaron suspendidos de manera transitoria, a la espera de una revisión.

“Mi cliente no tiene ni una foto ni una frazada. Nos confirmaron que el Servicio Penitenciario Federal iba a compensar las visitas con más tiempo una vez terminado el operativo.”Patricia Croitoru, defensora de Eduardo Vásquez, uno de los internos trasladados

El paso judicial que sigue

Según la fiscalía, el lunes por la noche el juez Santiago Bignone rechazó un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que buscaba obtener garantías específicas sobre las condiciones del traslado. La decisión dejó firme la continuidad del operativo y abrió la puerta a que los planteos por la pérdida de pertenencias se canalicen por otras vías: denuncias administrativas ante el SPF y eventuales acciones judiciales individuales de cada defensa, una vez que se complete la mudanza y se evalúe el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades penitenciarias.