Condenaron a un enfermero de Rosario que revendía fentanilo y otras drogas hospitalarias que robaba de su propio lugar de trabajo

A las 13.30 del 4 de septiembre, en los tribunales federales de Rosario, el juez Carlos Vera Barros homologó el acuerdo pleno al que habían llegado la fiscalía y la defensa y condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por comercio de fentanilo y otros medicamentos de uso hospitalario que sustraía de su lugar de trabajo y revendía por redes sociales, según fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Cuatro cargos y una inhabilitación profesional

La condena, que incluye una inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos, abarca cuatro delitos: comercio de estupefacientes por la venta de fentanilo, comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo a partir del bromuro de vecuronio, hurto y tenencia ilegítima de una pistola de uso civil, arma que fue secuestrada en uno de los allanamientos ordenados durante la instrucción.

Según la acusación, Benavídez se desempeñaba en el Policlínico PAMI II desde 2014 y de allí obtenía las sustancias que después ofrecía por canales digitales para consumo recreativo. Los investigadores reconstruyeron la cadena de ventas a partir del teléfono de un hombre de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023.

• En el celular de la víctima había conversaciones y mensajes de audio en los que el enfermero ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba entregas.
• El padre del fallecido entregó el aparato y documentación a la Unidad Fiscal Rosario y denunció que su hijo compraba fentanilo y otras drogas a un enfermero.
• La causa provincial por la muerte fue archivada: la autopsia no pudo determinar la causa de deceso y el laboratorio no contaba con la técnica para confirmar presencia de vecuronio, aunque no se descartó un origen toxicológico.

El hombre acusado reconoció los hechos, su intervención, las pruebas reunidas, la calificación legal y la pena solicitada, lo que permitió el trámite abreviado sin necesidad de debate oral. Ahora, según fuentes judiciales, el expediente queda a la espera de que la condena quede firme y se dispongan las medidas para que cumpla la pena bajo la modalidad efectiva, en función de los antecedentes y de la naturaleza de los delitos federales involucrados.

El paso judicial que sigue es la revisión de casación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, instancia que puede confirmar o modificar la pena acordada entre las partes una vez que la defensa o la fiscalía formalicen los recursos previstos en el Código Procesal Penal Federal.